(PL) A 25 años de la Masacre de Yumare, los venezolanos ven por primera vez aplicar justicia para uno de los responsables de ese hecho, uno de los más lamentables de la historia contemporánea del país suramericano.
El Circuito Judicial Penal de estado de Yaracuy condenó el viernes último a 13 años de prisión al general retirado del Ejército Alexis Ramón Sánchez, por el asesinato de nueve dirigentes sociales el 8 de mayo de 1986 en la referida localidad.Miembros de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) mataron a esas personas luego de culparlos de ser guerrilleros y desestabilizadores del orden público. Según informó el abogado de las víctimas, Adán Navas, el acusado pidió perdón a los familiares tras reconocer su participación en la masacre, con lo cual desmanteló la versión de funcionarios que intervinieron en la operación y representantes del gobierno del expresidente Jaime Lusinchi."Esto pone en evidencia que se está haciendo justicia por primera vez en Venezuela por este crimen", aseveró el letrado al informar que Sánchez decidió colaborar con la justicia para revelar la identidad de otros responsables de ese delito de lesa humanidad.
El general -dijo el abogado- declaró que ciertamente se produjo una masacre intencional, preparada por organismos de seguridad del Estado venezolano de la época.
Navas abogó porque "la aceptación de los hechos y la delación de un general, sienta un precedente en Latinoamérica ya que en otros juicios de dictaduras en el Cono Sur (como Uruguay y Argentina) ningún directivo castrense admitió su culpabilidad".
Aquí en Venezuela, sin necesidad de violentar sus derechos fundamentales, este general ha reconocido y admitido los hechos.
Esa es la importancia de lo ocurrido acá, en el Palacio de Justicia en San Felipe (capital de Yaracuy), puntualizó.
La Masacre de Yumare consistió en la infiltración de cuatro agentes de la Disip (Norberto Rebanales, Alirio Rebanales, Bergenis Beraciarte y Rafael Rojas) en el movimiento político-social denominado La Corriente Histórica Social, al que pertenecían las víctimas.
Esos policías encubiertos planificaron una reunión para discutir los fundamentos de la nueva organización y ellos mismos escogieron un escenario rural que desconocía el resto de los participantes.
El 6 de mayo de 1986 comenzaron a trasladar al lugar de los hechos a un grupo de 11 personas en un vehículo de uso particular, entre los cuales estaban algunas de las victimas fallecidas.
Dos días después, simularon una emboscada de un grupo guerrillero y dispararon a las cabezas y tórax de Dilia Antonia Rojas, Pedro Pablo Jiménez, Nelson Castellanos, Ronald José Morao, José Rosendo Silva, Simón José Romero, Luis Rafael Guzmán, Rafael Quevedo Infante y Alfredo Caicedo. Las autopsias evidenciaron que muchos de ellos recibieron tiros de gracia y severas torturas antes de la ejecución. Una vez realizada la matanza, los oficiales vistieron los cadáveres con ropa militar y los presentaron ante los medios de prensa, que divulgaron la versión de la Disip sobre la emboscada y el empleo de las armas en defensa de sus vidas.
La acusación contra el general Sánchez, quien era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército en esa época, se presentó en agosto de 2009. En esa oportunidad también se interpusieron demandas contra los exfuncionarios de la Disip Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero, Hernán Vega y Henry López Sisco.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez prosigue con las investigaciones de este triste episodio y de otro similar ocurrido el 4 de octubre de 1982 en Cantaura, estado de Anzoátegui, donde murieron 23 venezolanos.
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1 comentario:
Ni perdón ni olvido! castigo a los responsables! Extradicción para Henry López Sisco escondido en Costa Rica!
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